Debate por jornada pone cortapisa a idea del gobierno de “corregir” reforma laboral de Bachelet

El proyecto de las diputadas comunistas, Camila Vallejo y Karol Cariola, para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, remeció y tuvo consecuencias imprevistas en la agenda laboral del gobierno. Una de ellas sería la postergación de la promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera de "corregir las incertidumbres" que acarreó la reforma laboral de Bachelet.

Si bien en junio de 2018 el mismo mandatario anunciaba en la Cuenta Pública que "se buscará avanzar, entre otras materias, en la mejora de la conceptualización de los servicios mínimos y lo establecido en relación con el procedimiento de negociación de grupos negociadores, garantizando certezas jurídicas que permitan avanzar hacia el logro de la paz social en las relaciones laborales", dicho compromiso no se materializaría del todo en el presente año.

¿La razón? El complejo escenario legislativo actual dificulta el envío al Congreso de una propuesta que aborde la polémica regulación de los grupos negociadores, perfeccionamientos a la figura de la huelga y su término, entre otras materias.

A estas alturas, tanto la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados como la del Senado deben pronunciarse sobre un amplio listado de propuestas en análisis, tanto del Ejecutivo -que ya lleva 18 meses de gestión- como de los propios parlamentarios. Una congestión que se hizo notar aún más luego del fuerte revuelo mediático que tomó la moción que lideran las diputadas del PC, que irrumpió en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados luego de que esta instancia despachara la reforma previsional.

Así, la comisión de Trabajo de la Cámara Baja actualmente tramita la modernización de la Dirección del Trabajo, el proyecto de 40 horas y diversas mociones para aplicar la tutela laboral a los funcionarios públicos, entre otras. Su símil en el Senado, donde el escenario se replica, está legislando sobre el derecho a sala cuna universal, el proyecto de adaptabilidad laboral -propuesta a la cual el Ejecutivo incluirá una indicación para bajar la jornada a 41 horas-, y la propuesta de teletrabajo, entre otras.

De ahí que la disposición, según explican cercanos a Trabajo, es centrar los esfuerzos en sacar adelante algunos de los proyectos ya presentados, principalmente la reforma previsional, adaptabilidad laboral, y la sala cuna universal.

¿Es necesario aún?

Entre los abogados la postergación del envío genera diversas reacciones.

El abogado Jaime Salinas, de Salinas Toledo y presidente del Centro para la Innovación y Desarrollo del Derecho del Trabajo (Cidtra), lamenta el retraso. "Fue un compromiso público tratar de regular el tema a fin de solucionar los vacíos en varios temas, por lo que mantener la situación de incertidumbre o de falta de regulación expresa en determinadas materias, lo único que genera, es más descontento y decepción en la política legislativa que parece ser más oportunista que práctica", critica.

En una línea similar, el exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, recalca que se trata de una materia que fue comprometida, aunque dice entender que el contexto legislativo no es el apropiado. "Es necesario para aclarar los puntos dudosos que quedaron en la reforma laboral, especialmente a partir de las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional, pero creo que con el devenir de la agenda legislativa, en donde la reducción de la jornada laboral se ha tomado la agenda -de lado y lado- y en donde además se están tramitando proyectos con suma urgencia, será difícil tener un proyecto de lo que se denominó en su momento reforma a la reforma", argumenta.

Para Luis Lizama, de Lizama y Cia, e integrante del Consejo Superior Laboral -instancia tripartita impulsada por el gobierno-, estima que las correcciones han ido perdiendourgencia. "De una forma u otra en la práctica se han ido resolviendo los problemas que generó la reforma laboral. Ya sea por la decisión de los tribunales o por la práctica administrativa o porque en definitiva se han generado acuerdos entre sindicatos y empleadores, algunos de los problemas más complejos de la reforma laboral se han ido resolviendo (...) Todos esos temas que eran complejos en un comienzo, lentamente se han ido resolviendo creo yo", asegura.

Los grupos negociadores y el fallo del TC

La discusión respecto a la validez de los grupos comenzó luego del paso de la reforma laboral por el Tribunal Constitucional (TC) en 2016.
En ese momento, dicha institución eliminó la titularidad sindical del proyecto, lo que significó el reconocimiento de la existencia de los grupos. Sin embargo, la entidad no entregó alguna definición respecto al procedimiento de negociación de los mismos ni sus plazos ni requisitos.
Dicha temática generó un amplio revuelo en el mundo laboral y tanto la dirigencia empresarial como sindical se involucró en el debate respecto a si era válido o no que los grupos negociaran.
Con el paso de los meses, la Dirección del Trabajo comenzó a aclarar algunas interrogantes en torno al tema. Así, en julio de 2018, la DT, liderada por Mauricio Peñaloza, publicó un dictamen en el cual ratificó como instrumentos colectivos válidos los acuerdos suscritos por grupos negociadores, señalando que el servicio tiene el deber de registrarlos.
Dicho pronunciamiento generó una batahola entre diversos sectores, lo cual incluso escaló en la justicia hasta llegar a la Corte Suprema, la que finalmente respaldó el pronunciamiento del servicio.
Pese a todo, hay diversos actores del mundo laboral que sostienen que el tema debe ser clarificado a través de un proyecto de ley, ya que la Dirección del Trabajo no cuenta con la facultad para clarificar aún más el tema. Piñera volvió a comprometer la regulación de esta materia en la Cuenta Pública de este año, pero se desconoce cuándo ingresará el proyecto.